A través del Real Decreto 902/2020, de 13 de octubre, de igualdad retributiva entre mujeres y hombres se pretende garantizar la equidad en la remuneración salarial entre hombres y mujeres, y se determina que todas las empresas deben tener un registro salarial a partir del próximo 14 de abril de 2021.

Con esta medida se quiere detectar diferencias salariales o retributivas que no estén objetivamente justificadas y que se expresa en el principio de «a igual trabajo, igual salario».

El objetivo perseguido y declarado por el RD es el de conseguir que la igualdad en materia retributiva sea efectiva y real en España entre mujeres y hombres y terminar, por ello, con cualquier riesgo de discriminación, sea ésta directa o indirecta, y para conseguir su objetivo, la norma establece los mecanismos para identificar y corregir las posibles situaciones de desigualdad o discriminación. Estos mecanismos giran en torno a la incorporación del principio de transparencia. Transparencia que deberán seguir todas las empresas -sea cual sea su tamaño- que en materia retributiva sea conocido por sus propios trabajadores (por sus representantes, en su caso) y por la Administración.

En términos concretos, la transparencia se traduce en la obligación de llevar un registro retributivo (empresas de hasta 50 trabajadores), o realizar una auditoría laboral (más de 50 trabajadores); aplicando un sistema de valoración de puestos de trabajo de la clasificación profesional y, finalmente, hacer efectivo el derecho de información de los trabajadores.

El registro salarial obligatorio en definitiva es un documento en el que se hacen constar todos los valores medios de los salarios de los trabajadores de una empresa, incluyendo además los complementos salariales y las percepciones extrasalariales, desagregados por sexos y distribuidos por grupos profesionales, categorías profesionales o puestos de trabajo iguales o de igual valor; acompañando una valoración de las conclusiones que se pueden extraer, y con relación a los requisitos técnicos que se vayan aprobando por el Gobierno o Administraciones (Instituto de la Mujer). Por otra parte, este registro deberá ser renovado anualmente.

La información retributiva o la ausencia de la misma podrá servir para llevar a cabo las acciones administrativas y judiciales, individuales y colectivas oportunas, de acuerdo con el texto refundido de la Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social, aprobado por Real decreto legislativo 5/2000, de 4 de agosto, incluida, en su caso, la aplicación de las sanciones que pudieran corresponder por concurrencia de discriminación.