Se debate si los daños causados en el inmueble industrial arrendado son imputables al arrendatario o si provienen de la ineptitud de la finca para el uso para el que fue arrendada.

 

En contrato de arrendamiento de dos fincas sitas en un polígono Industrial se plantea la reclamación de la empresa arrendadora contra la arrendataria en concepto de daños y perjuicios en el inmueble arrendado.

La pretensión de la arrendadora fue estimada parcialmente en instancia, y la Audiencia Provincial estimó el recurso de apelación en el único extremo de rebajar la cantidad indemnizatoria. La arrendadora recurre en casación por considerar que la indemnización reconocida no incluye conceptos incluidos en el contrato y con ello la sentencia no respeta el amplio margen de la autonomía privada que se reconoce en el ámbito de los arrendamientos para uso distinto del de vivienda.

La cláusula controvertida decía literalmente: «El arrendatario responderá de los daños y perjuicios que se pudieran causar a terceros o al inmueble derivados de la actividad o de los elementos de todo tipo que pudiera tener instalados en el local.»

El Supremo, que desestima el recurso, declara que la interpretación literal del contrato, que tiene preferencia sobre los demás criterios de interpretación, no excluye la interpretación dirigida a identificar la intención común de las partes. Son claros los términos de un contrato cuando no dejan duda sobra la intención de los contratantes, pero eso significa que hay que comprobar la verdadera intención de los contratantes con todos los criterios de interpretación.

La atribución prevista en el contrato de responsabilidad al arrendatario por los daños causados en el inmueble no comprende el desgaste y deterioro natural conforme a los usos propios de la actividad pactada en el mismo contrato. En el contrato de arrendamiento celebrado por las partes expresamente se contemplaba el destino del local a la actividad de la arrendataria, que se recogía de forma detallada. Concluye la sala que los daños discutidos no son daños imputables a la arrendataria y al ejercicio de su actividad, pues su causa es la inaptitud del firme para la actividad para la que la arrendadora cedió voluntariamente su uso, y por tanto deben ser asumidos por ella, conocedora del destino para el que arrendaba la finca.