En conclusiones presentadas el día 2 de junio de 2022, el Abogado General del TJUE,  Sr. Athanasios Rantos, en el asunto C-100/21 entre QB contra Mercedes-Benz Group AG, anteriormente Daimler AG, concluye que  la normativa de la Unión relativa a la homologación de tipo CE de vehículos protege el interés del adquirente de un vehículo en no adquirir un vehículo cuando este esté equipado con un dispositivo de desactivación prohibido. El adquirente tendrá derecho a reclamar una indemnización al fabricante de automóviles en el supuesto de que dicho vehículo esté equipado con un dispositivo de desactivación prohibido. A este respecto, corresponde a los Estados miembros definir las normas relativas al método para realizar el cálculo de la indemnización.

El comprador de un Mercedes C 220 CDI de ocasión equipado con un sistema de recirculación de los gases de escape provisto de una “ventana térmica” que permite reducir el porcentaje de recirculación de los gases de escape cuando las temperaturas exteriores son más bajas, lo cual tiene como consecuencia un aumento de emisiones de óxidos de nitrógeno, demandó al fabricante. La ventana térmica está prohibida en la medida en que no tiene como objetivo proteger el motor de los riesgos de daños que generen un peligro concreto durante la conducción del vehículo, sino un desgaste.

El artículo 3, punto 10, del Reglamento n.º 715/2007 define el «dispositivo de desactivación» como todo elemento de diseño que detecta la temperatura, la velocidad del vehículo, las revoluciones por minuto del motor, la marcha introducida, la depresión de admisión y cualquier otro parámetro con el fin de activar, modular, aplazar o desactivar el funcionamiento de cualquier pieza del sistema de control de las emisiones, y reduce la eficacia de dicho sistema en condiciones que puede esperarse razonablemente que se produzcan durante el funcionamiento y la utilización normales del vehículo.

Las conclusiones del Abogado General no vinculan al TJUE pero propone una solución jurídica que será deliberada por los jueces del Tribunal.

 

   Cristina Paloma Martí · Abogada