En el Estatuto de los Trabajadores, artículo 4 sobre derechos laborales, especifica que los trabajadores tienen derecho «a respetar su privacidad y consideración por su dignidad, incluida la protección contra el acoso en la base de origen racial o étnico, religión o creencia, discapacidad, edad u orientación sexual, y contra el acoso sexual y el acoso en la base del sexo «. Sin embargo, la Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva de mujeres y hombres establece en el artículo 48 que «las empresas deben promover las condiciones laborales que eviten el acoso sexual y el acoso por razón de sexo y arbitren procedimientos específicos para su prevención y canalizar las quejas o quejas que puedan hacer aquellos que puedan ser objeto «.

De acuerdo con esta normativa todas las empresas, independientemente del número de personas en plantilla, tienen la obligación legal de actuación, protección y prevención contra el acoso sexual, moral y de cualquier tipo.

La prevención que debe tener la empresa pretende disuadir cualquier posible intención ilícita en el marco de las relaciones laborales, y aumentar la conciencia del personal.

La empresa, a tal fin, debe tomar medidas y poner a disposición instrumentos para garantizar la implantación dentro de la cultura empresarial:

  • Implementación de protocolos y códigos éticos o de buenas prácticas, y política activa contra la violencia de género o de cualquier tipo.
  • Facilitar los canales de reclamaciones para recibir quejas de los afectados, con total confidencialidad.
  • Formación específica al personal y recursos humanos para la detección preventiva.

El incumplimiento de la empresa de su obligación preventiva en esta materia supone una infracción muy grave por la comisión de actos contrarios al respeto a la intimidad y la consideración por la dignidad de los trabajadores; y, en concreto, el acoso sexual en el ámbito de las competencias de gestión empresarial, son castigados con una multa que puede ir desde 6.251 a 187.515 euros.