Las principales novedades introducidas por la L 11/2021 en materia de IRPF son las siguientes:
  1. Reducción por arrendamiento de inmuebles destinados a vivienda

Con efectos a partir de 11-7-21, en los arrendamientos de inmuebles destinados a vivienda, la reducción solo se aplica sobre los rendimientos netos positivos que hayan sido calculados por el contribuyente en una autoliquidación presentada antes de que se haya iniciado un procedimiento de verificación de datos, de comprobación limitada o de inspección que incluya en su objeto la comprobación de tales rendimientos.

La reducción no se aplica respecto de la parte de los rendimientos netos positivos derivada de ingresos no incluidos o de gastos indebidamente deducidos en la autoliquidación del contribuyente y que se regularicen en alguno de los procedimientos antes señalados, incluso cuando esas circunstancias hayan sido declaradas o aceptadas por el contribuyente durante la tramitación del procedimiento.

  1. Seguros de vida en los que el tomador asume el riesgo de la inversión

Con efectos a partir de 13-7-2021, se adaptan los requisitos exigibles para que no resulte de aplicación la regla especial de imputación temporal para este tipo de seguros, en concordancia con las últimas modificaciones normativas aplicables a las entidades aseguradoras.

Con carácter general, en los seguros de vida en los que el tomador asume el riesgo de la inversión, se aplica una regla especial de imputación temporal de los rendimientos de capital mobiliario, conforme a la cual deben imputarse como tales rendimientos en cada período impositivo la diferencia entre el valor liquidativo de los activos afectos a la póliza al final y al comienzo del período impositivo. El importe imputado minora el rendimiento derivado de la percepción de cantidades en estos contratos.

No obstante, la regla anterior no se aplica, entre otros supuestos, en aquellos contratos en los que las provisiones matemáticas se encuentren invertidas en:

a) Acciones o participaciones de instituciones de inversión colectiva, predeterminadas en los contratos, siempre que se trate de instituciones de inversión colectiva adaptadas a la LIIC o amparadas por la Directiva 009/65/CEE.

b) Conjuntos de activos reflejados de forma separada en el balance de la entidad aseguradora, siempre que, entre otros requisitos, se cumpla que la inversión de las provisiones de cada conjunto de activos se efectúe en activos que cumplan las normas establecidas en el RD 1060/2015 art.89, sin que en ningún caso pueda tratarse de bienes inmuebles o derechos reales inmobiliarios.

  1. Adquisición de bienes mediante contratos o pactos sucesorios

Con efectos a partir de 11-7-21, el adquirente de un bien a través de un contrato o pacto sucesorio se subroga en el valor y fecha de adquisición que dicho bien tenía en el causante, siempre que el mismo se transmita antes del transcurso de cinco años desde la celebración del pacto sucesorio o del fallecimiento del causante, si fuera anterior.

En el supuesto de adquisiciones o transmisiones a título lucrativo, a efectos de la determinación de los valores de adquisición o de transmisión, se toma por importe real de los valores respectivos aquellos que resulten de la aplicación de las normas del ISD, sin que puedan exceder del valor de mercado.

No obstante, para las transmisiones de bienes efectuadas con posterioridad a 11-7-21 que hayan sido adquiridos de forma lucrativa por causa de muerte en virtud de contratos o pactos sucesorios con efectos de presente, el beneficiario de los mismos que transmita antes del transcurso de cinco años desde la celebración del pacto sucesorio o del fallecimiento del causante, si fuera anterior, los bienes adquiridos, se subrogará en la posición de este, respecto al valor y fecha de adquisición de aquellos, cuando este valor sea inferior al señalado en el párrafo anterior.

Con esta medida, se impide una actualización de los valores y fechas de adquisición del elemento adquirido que provocaría una menor tributación que si el bien hubiera sido transmitido directamente a un tercero por el titular original.

  1. Novedades sobre fondos y sociedades de inversión cotizados

Con efectos a partir del 1-1-2022, se extienden a las instituciones de inversión colectiva (IIC) cotizadas que coticen en bolsa extranjera el tratamiento de las que cotizan en bolsa española respecto a la no aplicabilidad del régimen de diferimiento.

Desde la fecha señalada, el régimen de diferimiento no se aplicará cuando el reembolso o transmisión o, en su caso, la suscripción o adquisición, tenga por objeto participaciones o acciones en IIC análogas a los fondos de inversión cotizados o SICAC índice cotizadas previstos en el RD 1082/2012 art.79, cualquiera que sea el mercado regulado o el sistema multilateral de negociación en el que coticen y la composición del índice que reproduzcan, repliquen o tomen como referencia.

Lo anterior no se aplicará a las participaciones o acciones de las IIC señaladas adquiridas por el contribuyente con anterioridad a 1-1-2022 y no cotizadas en bolsa de valores española, siempre que el importe del reembolso o transmisión no se destine a la adquisición de acciones o participaciones de IIC de esta misma naturaleza.

  1. Nuevas obligaciones de información

Con efectos a partir de 11-7-21, se establecen dos nuevas obligaciones informativas referidas a la tenencia y operativa con monedas virtuales.

Desde la fecha señalada, las personas y entidades residentes en España y los establecimientos permanentes en territorio español de personas o entidades residentes en el extranjero, están obligadas a suministrar a la Administración tributaria la siguiente información, en los términos que reglamentariamente se establezcan:

a) Cuando proporcionen servicios para salvaguardar claves criptográficas privadas en nombre de terceros, para mantener, almacenar y transferir monedas virtuales, ya se preste dicho servicio con carácter principal o en conexión con otra actividad: información sobre la totalidad de las monedas virtuales que mantengan custodiadas.

La información a suministrar es la relativa a saldos en cada moneda virtual diferente y, en su caso, en dinero de curso legal, así como la identificación de los titulares, autorizados o beneficiarios de dichos saldos.

b) Cuando proporcionen servicios de cambio entre monedas virtuales y dinero de curso legal o entre diferentes monedas virtuales, o intermedien de cualquier forma en la realización de dichas operaciones, o proporcionen servicios para salvaguardar claves criptográficas en nombre de terceros, para mantener, almacenar y transferir monedas virtuales: información sobre las operaciones de adquisición, transmisión, permuta y transferencia, relativas a monedas virtuales, así como los cobros y pagos realizados en dichas monedas, en las que intervengan o medien, presentando relación nominal de sujetos intervinientes con indicación de su domicilio y número de identificación fiscal, clase y número de monedas virtuales, así como precio y fecha de la operación.

Esta obligación se extiende a las personas y entidades residentes en España y los establecimientos permanentes en territorio español de personas o entidades residentes en el extranjero, que realicen ofertas iniciales de nuevas monedas virtuales, respecto de las que entreguen a cambio de aportación de otras monedas virtuales o de dinero de curso legal.

  1. Imputación de rentas en el régimen especial de transparencia fiscal internacional

Con efectos desde el 11-7-2021, se introducen las siguientes modificaciones en relación con el régimen de transparencia fiscal internacional.

a) Como se venía haciendo hasta ahora, los contribuyentes han de imputar la renta total obtenida por la entidad no residente en territorio español o el establecimiento permanente, cuando estos no dispongan de la correspondiente organización de medios materiales y personales para su obtención, incluso si las operaciones tienen carácter recurrente. Pero a partir de ahora, se elimina la regla particular para el caso de dividendos, participaciones en beneficios o rentas derivadas de la transmisión de participaciones, que se remitía, en todo caso, a lo dispuesto en la LIRPF art.91.4, dado que ahora estas disposiciones han sido suprimidas.

b) Se incluyen entre las rentas imputables rentas positivas que provengan de fuentes como actividades de seguros, crediticias, operaciones de arrendamiento financiero y otras actividades financieras u operaciones sobre bienes y servicios realizados con personas o entidades vinculadas , en las que la entidad no residente o establecimiento añade un valor económico escaso o nulo.

c) Respecto a la imputación de las rentas positivas que provengan de actividades crediticias, financieras, aseguradoras y de prestación de servicios realizadas con personas o entidades residentes en territorio español y vinculadas, que determinen gastos fiscalmente deducibles en dichas personas o entidades residentes, modifica el porcentaje que supone que estas rentas positivas no se incluyan.

d) Se suprime la regla según la cual no se imputaban las rentas previstas en la LIRPF art.91.3.b) y e) redacción original en el supuesto de valores derivados de la participación en el capital o en los fondos propios de entidades que otorguen, al menos, el 5% del capital de una entidad y se posean durante un plazo mínimo de un año, con la finalidad de dirigir y gestionar la participación.

e) Hasta ahora, la regulación de este régimen prevista en la LIRPF no era de aplicación cuando la entidad no residente era residente en otro Estado miembro de la UE, siempre que el contribuyente acreditara que su constitución y operativa respondía a motivos económicos válidos y que realizaba actividades económicas o se trataba de una IIC regulada en la Dir 2009/65/CE distintas de las previstas en la LIS art.54 o en la LIRPF art.95, constituida y domiciliada en algún Estado miembro de la UE.

Ahora, la regulación prevista en la LIRPF no es aplicable cuando la entidad no residente o el establecimiento permanente sea residente o se sitúe en otro Estado miembro de la Unión Europea o forme parte del Acuerdo del Espacio Económico Europeo. Además, se suprime la referencia a la acreditación de que la constitución y operativa responde a motivos económicos válidos.

f) Se sustituyen las referencias a los paraísos fiscales o países de nula tributación por otras a las jurisdicciones no cooperativas.