La real y efectiva desvinculación del trabajador con la empresa comporta que, tras su despido o cese, no vuelva a prestar servicios a la empresa que, directa o indirectamente, guarden relación con las responsabilidades anteriores asumidas, correspondiendo la prueba de tales circunstancias a quien fuera trabajador de la misma.

Frente a un acuerdo de liquidación por el concepto tributario IRPF, que lleva aparejada una sanción, cuya causa es la aplicación de la exención por una indemnización por despido recibida por el obligado tras la extinción de la relación laboral con la empresa en la que venía prestando sus servicios, el interesado presenta escrito de alegaciones, que resulta denegado ya que, tras producirse el despido, la persona física pasa a trabajar para otra empresa vinculada con la anterior.

La cuestión controvertida radica en que existe una exención prevista en la LIRPF, según la cual se contempla la exención del impuesto para las indemnizaciones por cese o despido del trabajador (LIRPF art.7.e), exigiéndose en el artículo de desarrollo del RIRPF una desvinculación real y efectiva con la empresa. Se añade una presunción por la que se entiende que dicha desvinculación no se da cuando durante los tres años siguientes al despido, el trabajador vuelva a prestar servicios a la misma empresa o a una vinculada con ella (RIRPF art.1).

Dado que el interesado no encuentra amparo en sus pretensiones, recurre hasta llegar en casación al TS, que identifica como normas que han de ser objeto de interpretación los mencionados artículos de la LIRPF e RIRPF.

Reconoce el Alto Tribunal que el establecimiento, modificación, supresión y prórroga de una exención se encuentran sometidos al principio de reserva de ley, sin embargo considera que es la LIRPF la que establece el supuesto de exención por despido, de modo tal que, cuando el Reglamento viene a condicionar su disfrute a la desvinculación real y efectiva está haciendo una interpretación auténtica y extensiva del artículo de la Ley y, por tanto, no existe vulneración del principio citado más arriba, previsto en la LGT art.8.d.

LEn cuanto al establecimiento de la presunción, ya que admite prueba en contrario, es decir, se trata de una presunción iuris tantum, considera el TS que no cabe apreciar vulneración del artículo referido en el párrafo anterior. Ahondando un poco más en el análisis de la presunción, llama la atención el Tribunal sobre el hecho de que el ámbito de tres años de la presunción es manifiestamente inferior al plazo de prescripción que, en todo caso, tiene la Administración para proceder a la regularización tributaria, en el caso de que entienda incorrectamente aplicada.

En cuanto a la distribución de la carga de la prueba, cabe concluir que, tras el cese o despido, constatada la existencia de una relación con la empresa, en virtud del principio de facilidad probatoria corresponderá al contribuyente demostrar que dicha desvinculación real y efectiva no se ha visto alterada por la existencia de una relación o vinculación posterior, demostrando, básicamente, que esa relación resulta ajena, directa o indirectamente, a las responsabilidades anteriores asumidas en la empresa.

Por último, declara el TS que el RIRPF art.1, interpretado a la luz de la LIRPF art.7.e, no infringe el principio de reserva de ley al condicionar el disfrute de la exención a la real efectiva desvinculación del trabajador con la empresa ni al establecer la presunción de que no se da dicha desvinculación cuando en los tres años siguientes al despido o cese, el trabajador vuelva a prestar servicios a la misma.