El pasado día 7 de marzo el Consejo de Ministros aprobó el Real Decreto 150/2014 por el que se modifica el Reglamento de la Ley sobre el acceso a las profesiones de abogado y procurador de los tribunales que regula el examen de acceso a la abogacía y procuraduría, si bien en dicho Real Decreto no se informa la fecha exacta en que tendrá lugar la prueba.

El citado Real Decreto reforma el del año 2011 (RD 775/2011) y establece que la prueba constará únicamente de una parte escrita con respuestas múltiples que consistirán, por una parte, en resoluciones a preguntas teóricas y, por otra, a resolución de supuestos prácticos “sobre situaciones reales a las que van a enfrentarse los futuros abogados y procuradores”

Asimismo, el Real Decreto establece que la calificación final resultará de la media ponderada entre el 70% de la obtenida en la evaluación y del 30% de la obtenida en el curso de formación recibido (con anterioridad a esta reforma la prueba teórico-práctica representaba el 20%).

La prueba se celebrará con un retraso considerable, criticado por estudiantes y por el Consejo General de la Abogacía (CGAE), que reclamaron, hace pocas semanas, la convocatoria urgente de la prueba y aseguraron que el retraso “está frustrando las expectativas de cientos de graduados en Derecho que han superado el máster de acceso y que están pendientes de realizar la evaluación final para poder ejercer la profesión”.

Estos estudiantes, cifrados en un grupo de unas 400 personas, actualmente no pueden ejercer como abogados ya que no tienen permiso para colegiarse ni tampoco tienen la posibilidad de realizar prácticas, ya que su periodo formativo ha terminado.

El retraso en publicar la convocatoria llevó a un centenar de antiguos alumnos de Derecho a unirse bajo la plataforma ‘Abogados sin Toga‘ para denunciar el “desamparo” de cerca de 400 graduados que no pueden ejercer su profesión porque Justicia y Educación no han convocado el examen final necesario para colegiarse.

La situación seguirá así por lo menos durante tres meses más de modo que tras una vacatio legis de cinco años y tres más de cambios sucesivos en la normativa de desarrollo, la ley aprobada en el año 2006 sigue todavía sin desplegar todos sus efectos.