Aprobada la nueva Ley de Contratos Públicos

La nueva Ley de Contratos Públicos (L 9/2017) establece el procedimiento a seguir para la contratación con las Administraciones Públicas trasponiendo al ordenamiento español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE. La Ley, que entró en vigor el 9-3-2018, modifica diferentes normas entre las que se encuentra la LRJSP (L 40/2015) y la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social (RDLeg 1/2013)​.

¿Cuáles son las principales novedades introducidas en materia de contratación pública?

Dentro de las disposiciones generales encontramos;

– En las prohibiciones para contratar con las entidades del sector público, se incluye a las empresas de más de 250 trabajadores que no cuenten con un plan de igualdad. Sumándose esta prohibición a la ya establecida para empresas que no cumplan la cuota de reserva del 2% para personas con discapacidad. El cumplimiento de estas obligaciones se debe acreditar mediante declaración responsable o forma alternativa de certificación que apruebe el Consejo de Ministros (art.71.1.d);

– Los contratos de servicios celebrados con el sector público nunca pueden utilizarse para contratar personal. (art.308.2);

– El presupuesto base de licitación debe indicar, de forma desglosada, los costes salariales estimados a partir del convenio laboral de referencia (art.100). Cuando el coste económico principal del contrato sean costes laborales, su valoración a efectos de estimar el precio del contrato se debe realizar conforme a los convenios colectivos sectoriales, nacionales, autonómicos y provinciales aplicables en el lugar de prestación de servicios (art.102).

– Se establecen nuevos criterios de adjudicación del contrato. Ahora se tienen en cuenta los siguientes aspectos sociales: fomento de la integración social o socio-laboral de personas con discapacidad o en situación de riesgo de exclusión social; subcontratación con centros especiales de empleo o empresas de inserción; planes de igualdad de género; fomento de la contratación femenina; conciliación de la vida laboral, personal y familiar; mejora de las condiciones laborales y salariales; estabilidad en el empleo; mayor contratación de personas para ejecutar el contrato y formación y protección de la salud y seguridad en el trabajo (art.145).

– Se incluye como nueva causa de resolución del contrato, el impago de salarios o el incumplimiento de las condiciones establecidas en los convenios colectivos (art.201 y 202)

Dentro de las condiciones de subrogación en contratas públicas (art.130)

Deja de concederse a los pliegos de condiciones la posibilidad de imponer la subrogación cuando no concurren los requisitos establecidos en el ET art.44, o bien, no lo imponga un convenio colectivo o un acuerdo de negociación colectiva de eficacia general.

Cuando concurran los requisitos para la sucesión legal o convencional, el órgano de contratación debe facilitar en el pliego la información sobre las condiciones de los contratos de los trabajadores objeto de subrogación. Así, la empresa que venga efectuando la prestación objeto del contrato debe aportar una listado del personal objeto de subrogación indicando: el convenio colectivo de aplicación, la categoría, tipo de contrato, jornada, fecha de antigüedad, vencimiento del contrato y salario bruto de cada trabajador, así como los pactos aplicables a los trabajadores a los que afecte la subrogación.

En los casos en los que la anterior adjudicataria fuese un centro especial de empleo, la nueva debe subrogarse como empleador en todas las personas con discapacidad que vinieran desarrollando su actividad en la ejecución del contrato.

En caso de reversión del servicio público, el organismo público está obligado a la subrogación siempre que se den los requisitos de la sucesión legal o convencional.

El pliego de cláusulas administrativas particulares debe contemplar la obligación del contratista de responder de los salarios impagados  a los trabajadores afectados por la subrogación y de las cotizaciones a la seguridad social devengadas, aunque se resuelva el contrato y los trabajadores sean subrogados por el nuevo contratista. El nuevo contratista no debe correr con esta obligación.

De la prioridad aplicativa del convenio sectorial en la contratación pública (art.122.2, 149.4, 202.2 y 211.i)

Se establece la prioridad aplicativa de convenio sectorial sobre el convenio de empresa en las licitaciones públicas.

– En los pliegos ha de incluirse la obligación del adjudicatario de cumplir las condiciones salariales de los trabajadores conforme al convenio colectivo sectorial de aplicación.

– Las ofertas anormalmente bajas han de ser rechazadas por los órganos de contratación si se debe al incumplimiento por el empresario de los convenios sectoriales vigentes.

-La ejecución del contrato, los órganos de contratación pueden establecer condiciones especiales de carácter social para garantizar el cumplimiento de los convenios colectivos sectoriales y territoriales aplicables. El incumplimiento de las condiciones establecidas en los convenios colectivos en vigor para los trabajadores durante la ejecución puede suponer la resolución del contrato.

¿Cómo se ven afectados los derechos de las personas con discapacidad y su inclusión social?

Se establece la posibilidad de que el órgano de contratación del sector público reserve alguno de los lotes en que divida el contrato para Centros Especiales de Empleo o para empresas de inserción (art.99.4).

También se crea una nueva tipología de centro especial de empleo: los centros especiales de empleo de iniciativa social. Estos se definen como los promovidos y participados  en más de un 50%, directa o indirectamente, por una o varias entidades, ya sean públicas o privadas, que no tengan ánimo de lucro  o que tengan reconocido su carácter social en sus Estatutos, ya sean asociaciones, fundaciones, corporaciones de derecho público, cooperativas de iniciativa social u otras entidades de la economía social, así como también aquellos cuya titularidad corresponde a sociedades mercantiles en las que la mayoría de su capital social sea propiedad de alguna de las entidades señaladas anteriormente, ya sea de forma directa o bien indirecta a través del concepto de sociedad dominante (CCom art.42), y siempre que en todos los casos en sus Estatutos o en acuerdo social se obliguen a la reinversión íntegra de sus beneficios para creación de oportunidades de empleo para personas con discapacidad y la mejora continua de su competitividad y de su actividad de economía social, teniendo en todo caso la facultad de optar por reinvertirlos en el propio centro especial de empleo o en otros centros especiales de empleo de iniciativa social (disp.final 14ª)​.

L9/2017 – Disposición 12902 del BOE

Departamento Legal IMBGrup

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