Manipulación fraudulenta de tacógrafo. Delito de falsedad documental

La Sección Primera de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo en Sentencia núm. 94/2020 de fecha 15 de enero de 2020 resuelve que los registros generados por un tacógrafo son documentos oficiales a los efectos jurídico-penales y, la manipulación fraudulenta de un tacógrafo que dé como resultado la alteración de los registros del instrumento, realizada con la finalidad de sortear los controles policiales y administrativos, constituye un delito de falsedad documental, sancionable penalmente conforme al artículo 392 del Código Penal, en relación con el artículo 390.1.2º del mismo texto legal.

La instalación de un mecanismo (imán) en un tacógrafo tiene como efecto el que los datos de registro fundamentales del aparato sean necesariamente falsos en sus aspectos esenciales. Se produce la creación ex novo de un documento que induce a error sobre su autenticidad objetiva al reflejar unos datos de registro absolutamente falsos y distintos de los reales.

A su vez, el Tribunal Supremo resuelve que la manipulación del tacógrafo, con la consiguiente alteración de sus registros, constituye una infracción administrativa. En dicho sentido, es posible que una misma conducta sea tipificada como sanción administrativa y penal ( ATC 355/1991, de 25 de noviembre, con cita de la STC 2/1981). Lo que no es posible, salvo que concurra una relación de supremacía especial de la administración, es la doble sanción.

“Una vez que el legislador ha decidido que unos hechos merecen ser el presupuesto fáctico de una infracción penal y configura una infracción penal en torno a ellos, la norma contenida en la disposición administrativa deja de ser aplicable y sólo los órganos judiciales integrados en la jurisdicción penal son órganos constitucionalmente determinados para conocer de dicha infracción y ejercer la potestad punitiva estatal”, de modo que “cuando el hecho reúne los elementos para ser calificado de infracción penal, la Administración no puede conocer, a efectos de su sanción, ni del hecho en su conjunto ni de fragmentos del mismo, y por ello ha de paralizar el procedimiento hasta que los órganos judiciales penales se pronuncien sobre la cuestión”. (Sentencia del Tribunal Constitucional 70/2012, de 16 de abril , FJ 3).

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