FAQ Legal

Accidentes de tráfico

¿Quién es responsable civil de un accidente de tráfico?

Lo son el conductor y el propietario del vehículo, incluso cuando no sean la misma persona. También lo será la entidad aseguradora del vehículo en la misma medida que el conductor y propietario al considerársela responsable civil directa interpuesta. Por lo tanto, podremos dirigir nuestra reclamación contra los tres o directamente contra la entidad aseguradora tal y como es práctica habitual.

¿Qué implica la responsabilidad civil por accidentes de tráfico?

Generalmente la responsabilidad civil alcanza a cualquier daño personal y material producido como consecuencia del accidente, es decir, que por el solo hecho del accidente nace la obligación del causante de responder por los daños y perjuicios ocasionados, es lo que se conoce como responsabilidad objetiva.

No será así cuando el responsable pueda probar que en el accidente concurrió negligencia de la víctima, de una tercera persona o una causa de fuerza mayor.

¿Qué pasa si la otra parte del accidente no tiene contratada seguro o no se lo puede identificar?

El seguro de vehículos en cobertura de daños a terceras personas es obligatoria, de forma que la Ley establece como responsable civil al Consorcio de Compensación de Seguros en aquellos casos de siniestros donde el vehículo causante no tenga contratada el pertinente seguro obligatorio, o bien sea desconocido o haya sido robado.

Administradores societarios

Como administrador de una sociedad mercantil, si la sociedad tiene deudas y no hago nada, ¿puedo llegar a tener que responder personalmente?

Sí. Si la sociedad se encuentra en causa legal de disolución, el administrador tiene dos meses desde que la empresa no puede hacerse cargo de sus obligaciones para llevar a cabo alguna de estas acciones: aumentar o reducir el capital por pérdidas, promover la disolución o solicitar el concurso de acreedores. En caso contrario se podría apreciar responsabilidad en la actuación del Administrador societario.

¿Cuáles son las causas de disolución de una sociedad?

El cese en el ejercicio de la actividad que constituye el objeto social o inactividad durante un año; la conclusión del objeto social; la imposibilidad de conseguir el fin social; la paralización de los órganos sociales; las pérdidas que dejen reducido el patrimonio limpio a una cantidad inferior en mitad del capital social, la reducción del capital social por debajo del mínimo legal, que el valor nominal de las participaciones sociales sin voto exceda la mitad del capital social desembolsado y no se restablezca la proporción en el plazo de dos años; y cualquier otra causa establecida en los estatutos de la sociedad.

¿Todos los miembros del órgano de administración tienen la misma responsabilidad?

Todos los miembros del órgano de administración responden solidariamente, salvo los que prueben que no han intervenido en la adopción y ejecución del acuerdo, desconocían la existencia o bien, conociéndola, hicieron todo el posible para evitar el daño o se opusieron expresamente.

¿Se puede considerar responsable a un apoderado de la sociedad?

Si un apoderado tiene un poder muy amplio y la sociedad se encuentra en concurso de acreedores podrá ser considerado administrador de hecho de la sociedad y por lo tanto se lo podrá considerar responsable personalmente en la misma medida que un administrador societario.

¿Quién se encuentra legitimado para reclamar responsabilidades por deudas a los administradores?

La propia sociedad a través de sus nuevos administradores, liquidadores o administradores concursales, cualquier socio que hubiera votado en contra siempre que represente un mínimo del 5% del capital social y, en caso de insolvencia, cualquier acreedor de la sociedad.

Protección de datos

¿Cuáles son las obligaciones del titular de un fichero de datos personales?

Las obligaciones del titular del fichero consisten, esencialmente en: declarar los ficheros a la Agencia de Protección de Datos y notificar la existencia, creación y modificación al Registro General de Protección de Datos; adoptar las medidas de seguridad establecidas por la Ley según el tipo de datos y la redacción, mantenimiento y actualización de un documento de seguridad donde se recogen las medidas adoptadas; informar y garantizar el ejercicio de los derechos que la Ley otorga a los titulares de datos; y disponer de los medios porque los afectados puedan ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición.

Como ciudadano, ¿qué derechos tengo en relación a mis datos personales?

  • Derecho de acceso: permite al ciudadano conocer y obtener gratuitamente información sobre sus datos de carácter personal sometidas a tratamiento.
  • Derecho de rectificación: permite corregir o modificar los datos que resulten ser inexactos o incompletos y garantizar la certeza de la información.
  • Derecho de cancelación: permite que se supriman los datos que sean inadecuados o excesivos.
  • Derecho de oposición: permite que el afectado se niegue al tratamiento de sus datos de carácter personal o se cese en el mismo.

¿Qué tipo de sanciones pueden aplicarse en caso de incumplimiento?

En caso de incumpliendo de las obligaciones impuestas por la LOPD, se prevén las siguientes posibles sanciones:

  • Leves, comportan multa hasta 60.000 €: no inscripción del fichero de datos en el Registro General de Protección de Datos o la recogida de datos sin informar debidamente al titular de los mismos, entre otros.
  • Graves, con multas de hasta 300.000 €: entre otros, destinar los datos a una finalidad diferente para la cual se solicitaron o no adoptar las medidas de seguridad necesarias por el tipo de dato objeto de tratamiento.
  • Muy graves, con sanciones de hasta 600.000 €. Por ejemplo, no atender de forma sistemática el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición, la recogida de datos de forma engañosa o fraudulenta o comunicar o ceder datos de carácter personal incumpliendo el que dispone la Ley, entre otros supuestos.

Morosidad

¿De qué opciones judiciales dispongo para reclamar una deuda?

Dependerá básicamente del tipo de deuda que se trate y en qué apoyo esté documentado:
Encontramos en primer lugar el procedimiento ejecutivo destinado por aquellas reclamaciones de deudas que consten en ciertos documentos con fuerza ejecutiva como por ejemplo resoluciones judiciales o arbitrales, pólizas, escrituras, etc.

En contraposición a lo anterior encontramos los procedimientos declarativos, y entre ellos el procedimiento ordinario, por aquellas deudas superiores a los 3.000 €, y el procedimiento verbal por aquellas deudas inferiores a los 3.000 €. En ambos casos el procedimiento se inicia por demanda judicial con sus especificidades en cada caso.

Finalmente encontramos los llamados procedimientos sumarios, entre ellos el juicio monitorio por el cual se pueden reclamar deudas documentadas en facturas, albaranes, etc., o el Juicio Cambiario, destinado al cobro de deudas documentadas en títulos cambiarios como por ejemplo cheques, pagarés o letras de cambio.

Constitución de sociedades

¿Cuál es el procedimiento para constituir una sociedad?

Para constituir bien una Sociedad Anónima (SA) o bien una Sociedad Limitada (SL) se requiere escritura pública de constitución que incluya los estatutos sociales otorgada ante un notario público y, posteriormente, su inscripción en el Registro Mercantil.

De todos modos, se entiende que la sociedad nace jurídicamente en el momento de otorgar válidamente la Escritura de Constitución.

¿Cuál es el capital social mínimo?

En el caso de una sociedad limitada es de 3.000€ el cual tiene que estar completamente subscrito y desembolsado en el momento de la constitución.

En el caso de la sociedad anónima el capital mínimo es de 60.000€ el cual tiene que estar íntegramente subscrito y desembolsado en una cuarta parte como mínimo.

¿Qué impuesto se merita para la constitución de la sociedad?

El Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados con un tipo impositivo del 1% el cual tiene que ser liquidado previamente a la inscripción al registro de la escritura de constitución.

Arrendamientos urbanos

¿Qué fianza puede solicitar el arrendador?

En el caso de los arrendamientos urbanos destinados a la vivienda, se podrá solicitar una mensualidad de renta, y hasta dos para los arrendamientos de uso diferente al de vivienda, indiferentemente de si se ha alquilado amueblado o no. De todos modos, el arrendador tiene derecho a pedir garantías adicionales como por ejemplo una fianza adicional o un depósito bancario.

¿Quién tiene la obligación de depositar la fianza?

La obligación recae en el arrendador de la finca y dispone de un plazo de dos meses desde la formalización del contrato para depositar la fianza.

¿Dónde se puede depositar la fianza?

El depósito de la fianza en Cataluña se puede hacer a:

  • La Área de Fianzas del Institut Català del Sòl.
  • Entidades bancarias catalanas.
  • Las cámaras de la propiedad urbana de Cataluña.

Una vez efectuado el ingreso, las entidades indicadas informarán al Registro de Fianzas del INCASOL para su inscripción. Los contratantes y aquellos que acrediten un interés legítimo serán los únicos que podrán acceder a la información del referido registro.

¿A quién corresponde soportar las obras y reparaciones de la vivienda?

El arrendador tendrá que realizar todas las reparaciones necesarias para la conservación de la vivienda en condiciones de habitabilidad óptimas (elementos estructurales, paredes, techo, vigas, cañerías, instalaciones de suministros, etc.), siempre y cuando el deterioro de la vivienda no sea imputable al arrendatario.

Por otro lado, serán a cargo del arrendatario las pequeñas reparaciones ocasionadas por el uso ordinario de la vivienda (cerraduras, pintura, vidrios, etc.)

¿Qué puede hacer el arrendatario si, a pesar de requerir al arrendador para realizar obras de conservación necesarias, este no las ejecuta?

En este caso, el arrendatario se lo podrá reclamar judicialmente. De todos modos, en el caso de reparaciones urgentes, como aquellas necesarias para evitar graves contratiempos o daños inminentes, el arrendatario podrá ejecutarlas y exigir el importe al arrendador.

¿El arrendador puede incrementar la renta por obras de mejora?

En caso de realizar obras de mejora, el arrendador no podrá elevar la renta hasta que hayan transcurrido 3 años desde la firma del contrato. El aumento de la renta anual en ningún caso podrá exceder del resultado de aplicar al importe de la inversión realizada el tipo de interés legal del dinero más de 3 puntos, o bien el 20% de la renta anual. En cualquier caso se podrá pactar que no se pueda actualizar la renta durante toda la vigencia del contrato.

Sucesiones

¿Qué es y porque sirve un testamento?

Un testamento es el acto por el cual una persona prevé el destino y objeto de una parte o todos sus bienes después de su muerte. Se trata de un acto personalísimo que no puede realizarse por medio de mandatario. El testamento es un documento revocable y se pueden otorgar tantos cómo haga falta. La confección de un testamento sirve para asegurar el destino de nuestros bienes, evitar conflictos a nuestros herederos y ahorrarlos costes puesto que estos no tendrán que acudir a un procedimiento notarial o judicial.

¿Qué se la legítima?

Es la proporción de bienes de los cuales el causante no puede decidir el destino por estar reservada por ley a determinados familiares.
En Cataluña, esta proporción es del 25% sobre la masa hereditaria, es decir, sobre los bienes relictos existentes en el momento de la defunción, más los bienes dados durante los últimos 10 años de la vida del causante una vez deducidas las deudas y gastos.

¿Quién son los legitimarios?

Son legitimarios todos los hijos del causante por partes iguales. Los hijos premuertos, los desheredados justamente, los declarados indignos y los ausentes son representados por sus respectivos descendentes por estirpes. En caso de que el causante no tenga descendientes que lo hayan sobrevivido, serán legitimarios los progenitores.

¿Qué derechos tiene el cónyuge o pareja superviviente?

El cónyuge o pareja tiene derecho durante el año siguiente a la muerte del causante a vivir en la vivienda conyugal y a la ropa, el mobiliario y los enseres y a ser alimentado a cargo del patrimonio de la herencia, de acuerdo con el nivel de vida que habían mantenido los cónyuges durante el tiempo de la convivencia y con la importancia del patrimonio.

Así mismo, en caso de que el cónyuge superviviente no tenga recursos económicos suficientes para satisfacer sus necesidades podrá reclamar el que se denomina como Cuarta viudedad, consistente en un máximo de una cuarta parte del valor de los bienes de la herencia líquida del cónyuge difunto con el fin de atender tales necesidades, también en función del nivel de vida y de la edad del cónyuge superviviente, su estado de salud, los salarios o las rentas que perciba y las perspectivas económicas previsibles.

¿Qué es un testamento vital?

El testamento vital permite a una persona, cuando todavía se encuentra en plenas facultades mentales, prever qué tratamientos médicos o qué atenciones deseará recibir y cuales no, en caso de enfermedad irreversible que le impida expresar su voluntad por si mismo y de manera consciente. Se trata de un documento revocable en cualquier momento y en el cual se pueden prever aspectos como la donación de órganos o del cuerpo o las formas de entierro o incineración.