Aspectos laborales del RD LEY 8/2020, 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias, para hacer frente al impacto económico COVID-19.

Hoy mismo se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado el RD Ley 8/2020, 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19.

Esta normativa pretende proporcionar unas herramientas para combatir desde el punto de vista del mercado laboral los efectos adversos que esta crisis sanitaria está produciendo en España.

Los puntos  más relevantes son:

  • Carácter preferente del trabajo a distancia
  • Derecho a la adaptación de la jornada
  • Derecho a reducción de jornada (y reducción de salario) hasta un máximo del 100%
  • Derecho a novación de la adaptación de jornada o reducción ya existente
  • Prestación extraordinaria por cese de actividad de autónomos y socios cooperativistas encuadrados como trabajadores por cuenta propia
  • Medidas de flexibilización de los mecanismos de ajuste temporal de actividad para evitar despidos, los “expedientes de regulación de empleo temporal o ERTE”
  • Desempleo en caso de suspensión de la relación de trabajo

 Entrando en un detalle más pormenorizado de los anteriores puntos, referir:

Se vuelve a poner énfasis en la promoción del trabajo a distancia, con carácter prioritario frente a la cesación temporal o reducción de la actividad. En estas situaciones, para el cumplimiento de la evaluación de riesgos laborales, basta la autoevaluación realizada voluntariamente por la propia persona trabajadora.

Se refuerza el derecho a la adaptación y reducción de jornada de los trabajadores, configurado como un derecho individual y que debe incardinarse en el reparto corresponsable, para el cuidado del cónyuge o pareja de hecho y familiares por consanguinidad hasta el segundo grado, si por razones de edad, enfermedad o discapacidad, necesitan de cuidado personal y directo como consecuencia directa del COVID-19; o por decisiones adoptadas por las Autoridades gubernativas relacionadas con el COVID-19 que impliquen cierre de centros educativos o de cualquier otra naturaleza que dispensaran cuidado o atención a la persona necesitada de los mismos; o si quien se estaba ocupado del cuidado no pudiera seguir haciéndolo por causas justificadas relacionadas con el COVID-19. Este derecho debe ser justificado, razonable y proporcionado en relación con la situación de la empresa, particularmente en caso de que sean varias las personas trabajadoras que acceden al mismo en la misma empresa. Para ello empresa y trabajador «deberán hacer lo posible por llegar a un acuerdo».

Se aprueba una prestación extraordinaria por cese de actividad de autónomos y socios cooperativistas encuadrados como trabajadores por cuenta propia, cuando se haya suspendido su actividad a consecuencia del Decreto de Alarma; o si la facturación del mes anterior al que se solicita la prestación se ha visto reducida, al menos, en un 75% en relación con el promedio de facturación del semestre anterior. Para poder optar a esta prestación los autónomos deben estar afiliados y en alta  en la fecha de la declaración del estado de alarma en el régimen correspondiente, así como estar al corriente de pago (en caso de no estarlo, el órgano gestor invitará al pago en un plazo improrrogable de 30 días) y la percepción de la prestación será incompatible con cualquier otra prestación del sistema de Seguridad Social. La cuantía de la prestación será del 70 % de la base reguladora (o en caso de no acreditar la carencia mínima, el 70% de la base mínima de cotización del régimen correspondiente). Esta prestación tendrá una duración de 1 mes (ampliándose, en su caso, hasta el último día del mes en el que finalice el estado de alarma, en el supuesto de que este se prorrogue y tenga una duración superior al mes)

Se flexibilizan los mecanismos relativos al ERTE y para ello son calificadas como situaciones de fuerza mayor las siguientes:

• Las suspensiones de contrato y reducciones de jornada que tengan su causa directa en pérdidas de actividad como consecuencia del COVID-19, incluida la declaración del estado de alarma, que impliquen suspensión o cancelación de actividades, cierre temporal de locales de afluencia pública, restricciones en el transporte público y, en general, de la movilidad de las personas y/o las mercancías, falta de suministros que impidan gravemente continuar con el desarrollo ordinario de la actividad, o bien en situaciones urgentes y extraordinarias debidas al contagio de la plantilla o la adopción de medidas de aislamiento preventivo decretados por la autoridad sanitaria que queden debidamente acreditados.

En este sentido se establece que el inicio del procedimiento será iniciativa de la empresa, acompañando un informe justificativo de la vinculación de la pérdida de actividad como consecuencia del COVID-19, así como, en su caso, de la correspondiente documentación acreditativa.

El inicio del ERTE también debe comunicarse a todos los trabajadores afectados y darse traslado del informe y documentación a la Representación Legal de los Trabajadores (comité de empresa, delegados de personal…).

La Autoridad laboral deberá constatar la existencia de fuerza mayor en todo caso, y este trámite es exigible «cualquiera que sea el número de personas trabajadoras afectadas». La Autoridad Laboral deberá pronunciarse en un plazo de 5 días desde la solicitud, previo informe (potestativo para la autoridad laboral), de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (que debe evacuarse en el plazo improrrogable de cinco días). La resolución de la Autoridad Laboral debe limitarse a constatar la existencia, cuando proceda, de la fuerza mayor alegada por la empresa. En caso de estimación de la existencia de fuerza mayor, corresponde a la empresa decidir sobre la aplicación de medidas de suspensión de los contratos o reducción de jornada, que surtirán efectos desde la fecha del hecho causante de la fuerza mayor.

Importante destacar que se exonera del abono de la aportación empresarial así como del relativo a las cuotas por conceptos de recaudación conjunta si la empresa tiene menos 50 trabajadores en situación de alta en la Seguridad Social. Si la empresa tuviera 50 trabajadores o más en situación de alta en la Seguridad Social, la exoneración de la obligación de cotizar alcanzará al 75% de la aportación empresarial, y para los trabajadores este período tiene la consideración como efectivamente cotizado a todos los efectos. La exoneración de cuotas se aplicará por la Tesorería General de la Seguridad Social a instancia del empresario, previa comunicación de la identificación de los trabajadores y período de la suspensión o reducción de jornada. A efectos del control de la exoneración de cuotas será suficiente la verificación de que el Servicio Público de Empleo Estatal proceda al reconocimiento de la correspondiente prestación por desempleo por el período de que se trate.

Destacar que en caso de no existir Representantes Legales de los Trabajadores en una empresa, la comisión representativa (que debe estar constituida en un plazo improrrogable de 5 días) para la negociación del periodo de consultas estará integrada por los sindicatos más representativos del sector al que pertenezca la empresa y con legitimación para formar parte de la comisión negociadora del convenio colectivo de aplicación. La comisión estará conformada por una persona por cada uno de los sindicatos que cumplan dichos requisitos, tomándose las decisiones por las mayorías representativas correspondientes. En caso de no conformarse esta representación, la comisión estará integrada por tres trabajadores de la propia empresa. El periodo de consultas no debe exceder del plazo máximo de siete días

En cuanto a la prestación de desempleo a cobrar por los trabajadores en estos supuestos de ERTE se establece en esta normativa que se reconocerá la prestación por desempleo aunque se carezca del período de ocupación cotizada mínimo necesario para ello, y que NO computará el tiempo en que se perciba la prestación por desempleo de nivel contributivo que traiga su causa inmediata de las citadas circunstancias extraordinarias, a los efectos de consumir los períodos máximos de percepción establecidos. La duración de la prestación se extenderá hasta la finalización del período de suspensión del contrato de trabajo o de reducción temporal de la jornada de trabajo de las que trae causa.

Muy importante, las medidas extraordinarias en el ámbito laboral previstas en el presente real decreto ley estarán sujetas al compromiso de las empresas de mantener el empleo durante el plazo de seis meses desde la fecha de reanudación de la actividad. Es decir, si se acoge una empresa a un ERTE con estas particularidades, deberá obligarse a mantener el empleo de los trabajadores en plantilla durante los siguientes 6 meses a la reanudación de la actividad.

Share Button