Amnistía fiscal de 2012: declarada inconstitucional

Los últimos días se ha debatido, tanto en las cámaras del Congreso como en los medios de comunicación, la inconstitucionalidad de la amnistía fiscal de 2012. El siguiente extracto trata de explicar los fundamentos jurídicos por los cuales se ha declarado inconstitucional.

El Real Decreto Legislativo 12/2012 que se impugna, establecía la posibilidad de que los contribuyentes del IRPF y del IS que no declararon todas sus rentas, presentaran una declaración para regularizar su situación tributaria. Las rentas así declaradas deberían tributar al 10%, sin aplicación de recargos ni sanciones penales o administrativas.

El tribunal a la vista de los hechos, considera que la medida prevista y recurrida afectó al principio constitucional de capacidad económica de forma sustancial, que no es otro que todos los ciudadanos deben contribuir al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su riqueza y mediante un sistema tributario justo (art. 31.1 CE). De hecho, últimamente el TC se acoge a este principio constitucional (recordamos, por ejemplo, las STC 26/2017, STC 37/2017 y STC 59/2017 sobre la la inconstitucionalidad parcial del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana -IIVTNU-, popularmente conocido como Plusvalía Municipal). Volviendo al tema, el Alto Tribunal determina que el RDL por el cual se aprobó la amnistía fiscal ha tenido tres efectos importantes:

  • Permitió la regularización de las rentas previamente ocultas a un tipo reducido del 10%.
  • Permitió no imponer, a quienes se acogieron a la regularización, ni intereses de demora, ni recargos por ingresos extemporáneos ni sanciones, administrativas o penales, por el incumplimiento de los deberes formales y materiales derivados del nacimiento de la obligación tributaria.
  • Convirtió las cantidades por las que se tributó en la regulación en renta declarada a todos los efectos.

Todo ello lleva al Alto Tribunal a considerar que la disposición impugnada ha afectado a la esencia de la misma del deber de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos alterando el modo de reparto de la carga tributaria que debe levantar la generalidad de los contribuyentes en unos términos prohibidos por la Constitución (art. 86.1 CE, además del 31.1 anteriormente citado). Además advierte que la adopción de medidas que, “en lugar de servir a la lucha contra el fraude fiscal, se aprovechan de la obtención de unos ingresos que se consideran imprescindibles ante un escenario de grave crisis económica, supone la abdicación del Estado ante su obligación de hacer efectivo el deber de todos de concurrir al sostenimiento de los gastos públicos“.

Por último, el Tribunal limita el alcance de la sentencia y declara que no podrán verse afectadas las liquidaciones tributarias firmes que se realizaron al amparo de la norma anulada.

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